Por Ivan Santana
San Pedro de Macoris.-El Juzgado de la
Instrucción del Departamento Judicial de Aquí, autorizó al Ministerio Publico,
realizar allanamiento en contra de tres personas acusadas de vender equipos envueltos
en una litis por unos terrenos entre el empresario Diógenes Aracena y el
Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Jeremy Jiménez, quien
laboraba junto a Alexandra Torres, Virginia Torres García y José Montilla,
estos tres prófugos, fue detenido e investigado y puesto en libertad, dijo que
trabajaban como seguridad en una casa de concreto de dos niveles propiedad del empresario
Aracena, la que utilizaba como oficina.
Indicó que fueron
desalojados de la casa por el CEA utilizando militares, la cual fue derribada
y, que los equipos de oficina como escritorios, armarios, archivos, una caja
fuerte con documentos, así como ligadoras de concreto y soldadoras, le fueron
donados por las autoridades del CEA y ellos procedieron a venderlos.
El doctor Leonardo Sánchez,
señaló que la ordenanza número 201000409 paraliza todo tipo de trabajos en esos
terrenos, donde existe una astreinte de 20 mil pesos diarios que a la fecha
está en varios millones de pesos, pero que el CEA ha
desacatado en todas sus partes dicha sentencia y no ha hecho efectivo el pago
y, continúa trabajando en los terrenos.
Sostuvo que los equipos
pesados como, palas, tractores, gredar, camiones y ligadoras de concreto,
fueron sacados de los terrenos por el CEA y llevados a otro lugar.
El abogado se quejó
porque luego de esas condenas que han sido desacatadas, el expediente del caso
ha desaparecido de los tribunales de Tierra Jurisdicción Original de San Pedro
de Macorís, de la Corte de El Seibo y de la Suprema Corte de Justicia y, que
han solicitado del Consejo del Poder Judicial la localización del expediente.
Dijo que además el
abogado del Estado doctor Fermín Casilla Minaya, desacato las sentencias
543/2008 y 143/2014 que ordena la puesta en posesión de unos terrenos vendidos por Banrreservas, al
empresario Diógenes Aracena y este a su vez lo vendió a inversionistas
extranjeros.
Solicitan la
intervención del procurador general de la República, del presidente de la
Suprema Corte de Justicia y el abogado del Estado doctor Gedeón Bautista.
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